Palestina: un grito en silencio
Por: Andrés
David Niño
Desde la
ocupación de los territorios palestinos en 1967, Israel ha sido objeto de
constantes denuncias por parte de organismos internacionales por violaciones
sistemáticas al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. El
principio de proporcionalidad, fundamental en ese marco legal, ha sido
repetidamente vulnerado. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de la ONU (OCHA), más de 38,000 palestinos han sido asesinados y
más de 80,000 heridos desde el estallido del conflicto, con una inmensa mayoría
de las víctimas siendo civiles. Solo entre octubre de 2023 y abril de 2024, más
de 35,000 palestinos murieron en Gaza, en su mayoría mujeres y niños. En la
ofensiva de 2014, murieron más de 2,200 palestinos —al menos 1,500 civiles—
frente a 67 soldados y 6 civiles israelíes. En la reciente ofensiva de
2023-2024, las cifras superan los 35,000 muertos palestinos, según el
Ministerio de Salud de Gaza. Estas acciones difícilmente pueden entenderse como
ejercicios legítimos de autodefensa, y más bien se configuran como represalias
desproporcionadas contra una población ocupada. La expansión de asentamientos
ilegales en Cisjordania ha sido condenada en múltiples ocasiones por
resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, en
especial la resolución 2334 (2016), que declara que los asentamientos no tienen
validez legal y constituyen una violación flagrante del derecho internacional.
A pesar de ello, Israel ha seguido ampliando su presencia territorial mediante
la demolición de viviendas palestinas, el despojo forzoso de comunidades y la
creación de realidades geopolíticas irreversibles sobre el terreno.
La Corte Penal
Internacional abrió formalmente una investigación en 2021 sobre presuntos
crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados, lo que
incluye tanto a Hamas como a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Sin
embargo, la balanza de poder y recursos es desigual: Israel, dotado del
armamento más sofisticado del Medio Oriente, ha desplegado ataques aéreos que,
de acuerdo con Human Rights Watch, han destruido infraestructura crítica como
hospitales, escuelas y plantas de tratamiento de agua, afectando a millones de
civiles.
Israel también
ha impuesto un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo a Gaza desde 2007,
considerado por la ONU como una forma de castigo colectivo contrario al
artículo 33 del Cuarto Convenio de Ginebra. Este cerco ha generado una crisis
humanitaria crónica: el 97% del agua en Gaza no es apta para consumo humano, el
desempleo supera el 50%, y más del 80% de la población depende de ayuda
internacional, según datos de la UNRWA. Estas condiciones no son colaterales:
son el resultado directo de políticas sistemáticas de asfixia económica y
territorial.
Además, la
discriminación estructural hacia los palestinos está documentada por
organizaciones como B’Tselem y Amnistía Internacional, que han calificado el
régimen israelí como un sistema de apartheid. Esta calificación se basa en un
análisis legal conforme a la Convención Internacional sobre la Eliminación y
Represión del Crimen de Apartheid (1973), donde se establece que someter
deliberadamente a un grupo racial a condiciones de existencia que busquen su
destrucción física parcial o total constituye crimen de lesa humanidad.
Aunque Israel
sostiene que actúa en defensa propia, el derecho internacional no permite
justificar crímenes de guerra en nombre de la seguridad. Los crímenes
deliberados contra la población civil, el uso de fuerza desproporcionada, la
destrucción sistemática de infraestructura y el desplazamiento forzado
constituyen violaciones claras que deben ser sancionadas. La inacción de la
comunidad internacional, en especial de potencias como Estados Unidos y la
Unión Europea, ha facilitado esta impunidad a través del silencio diplomático y
la obstrucción en organismos como el Consejo de Seguridad de la ONU.
El caso
palestino exige una respuesta inmediata y enérgica basada en los principios del
derecho internacional, incluyendo el respeto al derecho a la autodeterminación,
la protección de civiles en conflicto armado, y la rendición de cuentas ante la
justicia internacional. No basta con declaraciones simbólicas; se requieren
sanciones, embargos y acciones coordinadas para frenar una política sistemática
de ocupación, represión y limpieza étnica que ha convertido a Palestina en una
cárcel a cielo abierto.
(Imagen: Abu Elouf, S., 2023, octubre 8)
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