Migrar: el delito de sobrevivir al orden internacional

Por: Katherine Restrepo Restrepo y Camilo Gallo Naranjo

yesica.restrepo@ucaldas.edu.co, camilogallo38832@ucaldas.edu.co

¿Por qué migran millones de latinoamericanos hacia Estados Unidos? Las razones pueden ser múltiples, pero en el debate público actual la migración se presenta como una crisis súbita que amenaza la seguridad nacional haciendo que se justifiquen políticas cada vez más restrictivas y violentas. Con ello, se comprende que desde América Latina esta narrativa oculta responsabilidades históricas y estructurales en la producción de esos flujos migratorios. La migración no es un problema aislado ni una anomalía: puede considerarse además como una consecuencia previsible de un orden internacional profundamente desigual.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define este fenómeno como el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otro territorio. Aunque esta definición parece técnica y neutral, históricamente ha servido para construir categorías jurídicas como “migrante regular” e “irregular”, utilizadas muchas veces para legitimar prácticas de control, exclusión y criminalización sobre poblaciones vulnerables. En este contexto, la población latinoamericana ha sido frecuentemente reducida a la noción de “irregularidad”, en muchos discurso políticos “ilegalidad”, ocultando las causas estructurales que impulsan estos desplazamientos, porque la migración no responde únicamente a decisiones individuales, sino a contextos estructurales atravesados por desigualdad, desempleo, violencia y ausencia de garantías para una vida digna en los países de origen; así como la acumulación de capital de los países destino.

En gran parte de América Latina, permanecer significa enfrentar condiciones de precariedad extrema que limitan cualquier posibilidad real de bienestar, y marcharse significa encontrar posibles condiciones de mejora en estos núcleos de mayor acumulación de riqueza, pero a grandes costos donde llegar se vuelve una odisea. Disputas como el control del narcotráfico en Colombia intensificaron las masacres y despojos territoriales contra comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y produjeron con mayor rapidez el desplazamiento demográfico interno, creando así las condiciones contundentes para la migración hacia otros países.

Lo anterior constituye sólo uno de los múltiples casos que evidencian cómo este fenómeno no puede comprenderse únicamente como una decisión individual aislada, sino como el resultado de estructuras históricas, económicas y geopolíticas que convierten el desplazamiento en una necesidad inevitable. La travesía de migrantes a través de la selva del Darién —uno de los corredores más peligrosos en la ruta hacia Estados Unidos— constituye una evidencia visible de la realidad latinoamericana. Las fotografías de Federico Ríos Escobar retratan el profundo costo humano de las políticas migratorias restrictivas: cuerpos exhaustos atravesando ríos caudalosos y caminos cubiertos de lodo, familias enteras cargando a sus hijos en medio de la selva y rostros marcados por el miedo, la incertidumbre y el cansancio extremo.

Los estudios sociológicos, como los de Aníbal Quijano, explican este fenómeno a través de la colonialidad del poder, entendida como la permanencia de jerarquías coloniales que aún organizan las relaciones económicas, políticas y culturales del mundo contemporáneo. Desde esta perspectiva, la migración evidencia cómo las poblaciones provenientes del sur global son racializadas, vigiladas y excluidas mediante la militarización de las fronteras, las deportaciones y las políticas de control migratorio. En este contexto, organismos como U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) han sido cuestionados por las redadas masivas, la separación de familias y la construcción de perfiles raciales que convierten ciertos cuerpos, acentos y nacionalidades en objetos permanentes de sospecha. Así, las personas migrantes no solo atraviesan fronteras geográficas, sino también fronteras simbólicas marcadas por criterios de raza, clase y nacionalidad, que reproducen las desigualdades del sistema internacional contemporáneo.

En el mercado laboral estadounidense, y en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios dependen críticamente de mano de obra migrante precarizada, pero “legal”. Estimaciones recientes indican que estos trabajadores representan cerca del 17% de la fuerza laboral en Estados Unidos. Aquí aparece la paradoja central: el mismo sistema que criminaliza a los migrantes es el que sostiene su funcionamiento cotidiano gracias a su trabajo mal remunerado y sin protección legal. La política migratoria estadounidense, centrada en la securitización de fronteras, la externalización del control migratorio hacia países de tránsito y la criminalización sistemática, no responde a una crisis imprevista. Esta política administra deliberadamente los efectos de un orden internacional desigual del que Estados Unidos es beneficiario directo

En un mundo donde la acumulación de riqueza, la distribución mercancías y los intereses económicos circulando con gran libertad, pero la población desplazándose cada vez más en el umbral de la pobreza, cruzando fronteras para sobrevivir, es urgente acudir al estudio de la migración como una crisis no aislada sino como una de las expresiones más visibles de la desigualdad mundial. Criminalizar al migrante mediante muros, deportaciones, centros de detención y redadas masivas no resuelve el problema; apenas oculta las responsabilidades históricas, políticas y económicas que lo producen. Quizá el verdadero delito no sea migrar, sino sobrevivir a un orden internacional que expulsa poblaciones enteras mientras castiga a quienes intentan escapar de sus consecuencias. Frente a esto, resulta urgente construir políticas nacionales e internacionales articuladas que reconozcan la migración como un fenómeno humano producido y no como una amenaza al orden establecido, construyendo rutas claras de acompañamiento, protección y regularización para las personas migrantes. Poner en el centro el cuidado de la vida digna implica garantizar condiciones de seguridad, acceso al derecho internacional, protección familiar y oportunidades reales de bienestar, entendiendo que ninguna persona debería verse obligada a arriesgar su vida para poder sobrevivir a las políticas de exclusión.

(Imagen: 2023 AP Photo/Ivan Valencia)